Los comercios deberán adaptarse a nuevas obligaciones informativas en materia de garantías como consecuencia de la entrada en aplicación de la normativa europea que establece un sistema común de información para los consumidores en toda la Unión Europea.
La principal novedad que se aplica a partir del 27 de septiembre no afecta a los derechos de los consumidores, que se mantienen sin cambios, sino a la forma en que estos deben ser informados. En España continúa vigente la garantía legal de tres años para los bienes nuevos, pero a partir de ahora los comercios deberán mostrar de manera más visible, clara y homogénea la información relativa a este derecho.
En concreto, los establecimientos deberán incorporar el nuevo aviso europeo sobre la garantía legal de conformidad en un lugar destacado del punto de venta. Esta obligación también se extiende al comercio electrónico, donde la información deberá estar accesible dentro del proceso de compra antes de que el consumidor formalice la adquisición.
Además, la normativa introduce la etiqueta GARAN, que identificará aquellos productos que cuenten con una garantía comercial de durabilidad ofrecida de forma voluntaria por el fabricante. Se trata de una garantía adicional a la garantía legal y, por tanto, no la sustituye ni limita.
Para el pequeño y mediano comercio, este cambio supone un nuevo ejercicio de adaptación normativa. Más allá de la colocación del aviso informativo, será necesario revisar los contenidos que aparecen en las fichas de producto, las condiciones de venta, la documentación comercial y los protocolos de atención al cliente, con el fin de garantizar que toda la información ofrecida sea coherente y se ajuste a los nuevos requisitos.
A destacar que uno de los aspectos más positivos de esta medida que es que puede contribuir a reducir la confusión que todavía existe entre los consumidores en cuestiones relacionadas con la garantía legal, las garantías comerciales ofrecidas por fabricantes o distribuidores y otros derechos como el desistimiento en compras a distancia. Una mayor claridad en la información facilitará tanto el ejercicio de los derechos por parte de los consumidores como la gestión de consultas y reclamaciones por parte de los comercios.
Importante recordar que, cuando hablamos de la garantía legal, el vendedor continúa siendo quien responde frente al consumidor ante una falta de conformidad. Por eso es especialmente importante que distribuidores y fabricantes tengan procedimientos ágiles que permitan al comercio gestionar estas incidencias sin asumir cargas innecesarias.
Coincidiendo con esta normativa, también comienzan a aplicarse nuevas exigencias europeas relacionadas con las alegaciones medioambientales y de sostenibilidad en la comercialización de productos, lo que obliga a las empresas a prestar especial atención a toda la información que trasladan al consumidor.
