Valencia, 16 de abril de 2026.– En la sesión del Comité Ejecutivo de Confecomerç celebrado ayer se manifestó su preocupación por el impacto que la actual presión fiscal y administrativa está teniendo sobre los autónomos y los pequeños negocios, especialmente aquellos vinculados al comercio de proximidad.
Los autónomos y microempresas constituyen la base del tejido económico y social valenciano, generando empleo estable, dinamizando los municipios y garantizando servicios esenciales a la ciudadanía. No obstante, el contexto actual —marcado por la subida de costes, la incertidumbre económica y una elevada carga fiscal— está poniendo en riesgo la continuidad de muchas actividades.
A las obligaciones fiscales estatales se suman impuestos autonómicos, tasas municipales y una creciente complejidad administrativa, que afectan de manera desproporcionada al comercio y a los autónomos, cuya capacidad económica y margen de gestión son limitados. Esta situación es especialmente preocupante en sectores con ingresos irregulares o estacionales, muy presentes en la economía valenciana.
Desde Confecomerç ya se valoró en su día los avances hacia una mayor equidad fiscal, como la cotización por ingresos reales, pero lo bien cierto es que su aplicación práctica está generando tensiones de liquidez, adelantos fiscales y mayor carga burocrática, dificultando la planificación y la estabilidad de los negocios más pequeños.
La causa más directa de esta grave situación está en la inflación y la no deflactación del tramo estatal del IRPF, de modo que actualmente, según los datos de 2024 de la Agencia Tributaria sobre pymes societarias y no societarias (autónomos), quienes trabajan por cuenta propia pagaron un tipo medio de IRPF por los beneficios obtenidos del 21,73%, frente al tipo medio del 17,31% en el Impuesto de Sociedades que afrontaron las pymes. Y atendiendo a los últimos siete años, los autónomos han incrementado un 25% el tipo medio que asumen, mientras que la subida que han vivido las pymes ha sido del 3%. Con semejante realidad, el comercio y el trabajo autónomo padece de forma injusta una mayor dificultad para mantener la actividad y el empleo y una menor capacidad de adaptación, inversión y modernización. Además, se desincentiva el emprendimiento y el relevo generacional, con el consiguiente riesgo de cierre de comercios que son clave para la cohesión social y urbana.
Desde una actitud constructiva y de colaboración institucional, Confecomerç insiste en todas sus propuestas sobre medidas orientadas a aliviar la carga fiscal y a fortalecer a quienes trabajan personal y directamente en el comercio:
- Fiscalidad autonómica adaptada al pequeño comercio
- Revisión del tramo autonómico del IRPF para favorecer a las rentas procedentes del trabajo autónomo y del pequeño empresario.
- Ampliación de deducciones fiscales autonómicas vinculadas al mantenimiento de la actividad, la modernización del comercio, la digitalización y la sostenibilidad.
- Incentivos fiscales específicos para autónomos y comercios ubicados en barrios, centros urbanos y municipios con riesgo de despoblación.
- Flexibilidad y apoyo a la liquidez
- Aplazamientos y fraccionamientos de impuestos autonómicos con condiciones más favorables para autónomos y microempresas.
- Medidas que tengan en cuenta la estacionalidad de muchas actividades comerciales y de servicios.
- Reducción de cargas administrativas y tasas
- Simplificación real de los trámites administrativos autonómicos.
- Coordinación con los ayuntamientos para promover bonificaciones en tasas municipales que afectan al comercio de proximidad (residuos, terrazas, licencias, ocupación de vía pública).
- Avanzar hacia un modelo de administración más ágil y cercana al pequeño negocio.
- Impulso al comercio de proximidad
- Refuerzo de ayudas directas y programas de apoyo gestionados por la Generalitat, con especial atención al comercio local y a los autónomos.
- Políticas fiscales y económicas que reconozcan el papel del comercio como servicio de interés general, generador de vida urbana y vertebración territorial.
Pero sin duda, es el Gobierno central quien tiene las competencias en materia de fiscalidad, y de quien dependen las decisiones que más directamente pueden corregir la actual situación de injusticia: la falta de deflactación de los tramos del IRPF ha elevado la presión fiscal incluso sin aumentos reales de ingresos, lo cual se traduce en pagar más impuestos, aunque el poder adquisitivo no haya mejorado.
