El acuerdo abre un marco de colaboración para desarrollar iniciativas dirigidas a mejorar la situación de las personas y fortalecer los pequeños negocios, con especial atención a los municipios afectados por la DANA de octubre de 2024.
Confecomerç y Cáritas Diocesana de València han formalizado un acuerdo general de colaboración para sumar conocimiento, experiencia y recursos en el desarrollo de proyectos de carácter social y económico.
La alianza permitirá analizar y poner en marcha iniciativas conjuntas adaptadas a las necesidades reales de cada territorio. Entre las posibles líneas de trabajo se encuentran el asesoramiento mutuo, el diseño de programas técnicos y formativos, la difusión de campañas solidarias y la colaboración con otras entidades que puedan ampliar el alcance de las actuaciones.
El acuerdo presta una atención especial a las personas, comercios y pequeñas empresas de las localidades afectadas por la DANA. Se trata de un convenio marco a partir del cual ambas organizaciones podrán concretar proyectos específicos, definiendo en cada caso los objetivos, los recursos y las personas o negocios destinatarios.
“Este acuerdo nos permite sumar capacidades con una entidad que conoce de cerca la realidad social de muchos municipios. Queremos que esta colaboración se traduzca en proyectos útiles, cercanos y capaces de reforzar tanto a las personas como a los pequeños negocios, especialmente allí donde la DANA ha generado mayores dificultades”, ha señalado el presidente de Confecomerç, Rafael Torres.
Para Torres, “la recuperación de los municipios afectados por la DANA pasa también por recuperar plenamente su actividad comercial. Necesitamos volver a llenar de vida sus calles, apoyar a los pequeños negocios y conseguir que estas localidades recuperen el dinamismo que tenían antes de la catástrofe. Este acuerdo con Cáritas nos permitirá poner en marcha iniciativas que ayuden a dinamizar el comercio, hacerlo más atractivo y reforzar su papel como motor económico y social de cada municipio”.
El convenio tendrá una duración inicial de dos años, prorrogables, y contará con una comisión mixta encargada de realizar el seguimiento de las actuaciones que se impulsen.
